CONTENIDO: I. La prestación concreta, objeto del recurso contra la inactividad administrativa. Caracteres generales y clases
II. La aplicación judicial de la inactividad prestacional. En particular la inactividad y las obligaciones establecidas en disposiciones generales
III. El cumplimiento de la prestación. En particular el de las prestaciones discrecionales. Su control judicial
IV. La dinámica de la prestación en el proceso contencioso-administrativo contra la inactividad
Resumen
La regulación de la inactividad administrativa fue una de las novedades de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998 (LJ). Dicha ley, haciéndose eco de la doctrina, que reclamaba desde tiempo atrás un lugar en el ordenamiento para el control de la inactividad, la llevó a su articulado como una de las cuatro modalidades del recurso contencioso-administrativo. En el presente libro se aborda de forma exhaustiva el estudio de la denominada inactividad prestacional, regulada en el art. 29.1 de la ley, para aquellos casos en los que la Administración, obligada a cumplir una prestación en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación, o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, no la realiza, permanece pasiva. El citado precepto contiene en pocas palabras una apretada síntesis de conceptos centrales del Derecho Administrativo, lo que hace que su interpretación sea una de las más complejas y necesitadas de la ley. Prácticamente todo en él está abierto a la reflexión y determinación, agudizada por la tensión abierta entre las cautelas con que el legislador ha abordado por primera la lucha contra la inactividad y el necesario control judicial plenario de la Administración. El libro se detiene en los aspectos principales, sustantivos y procesales, de la acción contra la inactividad administrativa. Así los caracteres generales de la prestación, la discrecionalidad que puede concurrir en el contenido de la prestación, la posible compatibilidad de este recurso con el de los actos presuntos, la legitimación activa, las medidas cautelares, la sentencia de condena a actuar y su ejecución, etc. Y lo hace buscando la perspectiva más acorde con la tutela judicial efectiva y la sujeción de la Administración a la ley. Como es lógico se ha tenido muy en cuenta la doctrina de los autores, auténtica precursora de la regulación legal, y la abundante jurisprudencia recaída sobre el artículo 29 LJ.
