A partir de la Ley 100 de 1993 y mientras estuvo vigente el Decreto 131 del 2010, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-289 de 2010, se limitó el alcance del ejercicio de los profesionales de la salud, a costa de una supuesta crisis del sistema de salud, con fundamento en los altos costos de los procedimientos médicos y los medicamentos que se prescribían a los pacientes, dejando la salud en manos de aseguradoras, intermediarios, EPS, ARL, ARS, sin tener en cuenta que la relación médico paciente debe ser cimentada sobre el diálogo directo donde exista un espacio para interactuar y escuchar la realidad personal e historia del paciente. Sin embargo el panorama de la salud de los colombianos cambió con la expedición de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, por medio de la cual elevó el derecho a la salud a un derecho fundamental, irrenunciable y autónomo, tanto en lo individual como en lo colectivo; en tanto que el Artículo 12, de la misma ley, delimita la participación en las decisiones del sistema de salud, además de comprender el derecho de las personas a participar en las decisiones adoptadas por los agentes del sistema de salud, coadyuvando en la inclusión de tratamientos nuevos, y la calidad de los medicamentos.
