El «Internet de las Cosas» (IoT, en sus siglas en inglés) es un fenómeno complejo que está ayuno de una regulación propia. Su naturaleza híbrida, conformada por una amalgama de tecnología, economía y derecho, plantea problemas sui generis, pues no encuentra fácilmente acomodo en un concreto sector normativo, lo que supone un desafío regulatorio al que urge dar respuesta.