La posición de garante en material penal es reconocida como aquella de la cual surge un deber jurídico, impuesto a un ciudadano que le asigna a este la obligación de vigilancia o protección de ciertos bienes, que tutela la legislación para que con estas directivas evite un resultado lesivo de derechos, cobra gran importancia en la configuración de los delitos cometidos a través de una conducta omisiva perteneciente al régimen de omisión impropia.
Conductas omisivas que las distintas dogmáticas penales han abordado en sus estudios, contemplando la posibilidad de cometer un delito por vía omisiva, creando en cierto punto una equiparación de las omisiones con las conductas activas.
De lo anterior, nace el concepto de la omisión impropia, que está compuesta por los mismos elementos del delito de acción, pero que además es nutrida por la posición de garante, que la ley le impone para su configuración. Posición que surge de posturas de carácter formal o material, y que, en la actualidad se habla de una fusión de estas dos para responder efectivamente a la realidad social. Esta postura asumida por el funcionalismo con la teoría de la imputación objetiva toma mayor relevancia, pues es sobre la base de sus instituciones que se logra establecer la posición y finalmente, generar responsabilidad sobre el sujeto que ha obviado está, superando y creando riesgos mas allá de lo que el derecho le permite, surgiendo de estos peligros y lesiones a bienes jurídicos que en un orden normativo deben ser respetados.
Colombia no ha sido ajena a este fenómeno, pues lo encuentra consagrado en el artículo 25 del Código Penal, estableciendo en este los lineamientos a seguir en materia de posición de garante y omisión impropia, imponiendo a su vez límites a esta última.
